El 5 de marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer la Opinión Consultiva OC-30/25. Por primera vez en la historia del Sistema Interamericano, el Tribunal interpreta con carácter vinculante las obligaciones de los Estados frente al tráfico ilícito de armas de fuego, fijando estándares que van desde la tipificación penal hasta el control de exportaciones, la gestión de arsenales y la cooperación internacional. Para Argentina, que carece de un tipo penal autónomo sobre tráfico de armas y acumula años de incumplimiento de los tratados que ella misma ratificó, este pronunciamiento no es una advertencia. Es una responsabilidad internacional ya perfeccionada.