Durante el encuentro, los panelistas abordaron las implicancias jurídicas, sociales y políticas del tráfico de armas a nivel nacional e internacional. Se enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación global y adoptar estrategias preventivas. Asimismo, se destacó que Argentina, a pesar de compromisos internacionales asumidos hace más de 20 años, aún carece de una tipificación específica de este delito.

En este marco, se presentaron los Tomos I y II del Tratado sobre tráfico ilícito de armas y delitos vinculados, dirigido por González Da Silva. La investigación, desarrollada durante más de tres años con un equipo interdisciplinario, analiza en profundidad la regulación de armas en Argentina, los tipos penales vigentes y la necesidad de reformar la legislación para cumplir con estándares internacionales.

El evento también permitió el debate sobre los desafíos en la persecución del tráfico de armas y la falta de datos precisos sobre su impacto en la criminalidad. González Da Silva destacó la necesidad de un enfoque integral en la política criminal y de mejorar la coordinación entre fiscales, fuerzas de seguridad y organismos internacionales.

El tratado propone 219 medidas de política criminal y un anteproyecto de ley para modernizar la legislación argentina sobre armas de fuego. Estas propuestas han sido presentadas ante la Procuración General de la Nación y la Cámara de Diputados.

Finalmente, se resaltó que la obra constituye una herramienta clave para legisladores, operadores judiciales y académicos, brindando soluciones dogmáticas y normativas a una problemática que forma parte del crimen organizado y afecta los derechos humanos. Se anunció, además, que próximamente se publicarán datos sobre el impacto del uso de armas en grupos vulnerables.