El capítulo se centra en una de las cuestiones más sensibles, postergadas y estratégicas del sistema penal contemporáneo: la protección de víctimas, testigos y colaboradores –frecuentemente denominados “arrepentidos”– que se enfrentan a organizaciones criminales de alto poder o estructuras terroristas consolidadas.
El trabajo se estructura en torno a cinco objetivos principales:
- Describir el funcionamiento operativo de las organizaciones criminales complejas, destacando su capacidad para capturar recursos y manipular sectores estructuralmente vulnerables.
- Analizar críticamente las limitaciones del actual Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados en Argentina, particularmente en los casos más sensibles, donde la amenaza a la integridad física y psíquica de quienes colaboran con la justicia es real y persistente.
- Reformular el rol procesal de la víctima, el testigo y el colaborador eficaz, atendiendo al nuevo paradigma del proceso penal acusatorio y sus exigencias en términos de participación, acceso a la verdad y reparación.
- Advertir sobre los riesgos institucionales y estructurales que genera la ausencia de garantías efectivas, tanto para las personas protegidas como para la legitimidad del sistema penal en su conjunto.
- Proponer herramientas concretas, de carácter jurídico y político-criminal, que permitan una transformación sustancial de los actuales esquemas de protección.
Además del análisis del marco normativo argentino, el capítulo incorpora un estudio comparado con diversas experiencias internacionales, con especial énfasis en el modelo español, donde la evolución legislativa en esta materia ha sido más sólida y sostenida, en gran medida como respuesta a las amenazas planteadas por el terrorismo internacional en las últimas décadas. Este contraste no solo permite dimensionar los déficits actuales del sistema argentino, sino también identificar buenas prácticas y marcos institucionales potencialmente adaptables al contexto local.
El abordaje se desarrolla bajo una perspectiva integral de derechos humanos, que considera la protección como una obligación estatal ineludible frente al riesgo real que enfrentan quienes deciden colaborar con la justicia en contextos de altísima peligrosidad.
