Caso Bayarri Vs. Argentina (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
La sentencia exige que, ante cualquier indicio de tortura, el Estado y en particular el juez abran de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa aunque no medie denuncia, con exámenes médicos tempranos a cargo de profesionales independientes, declara que la confesión arrancada bajo tormento lesiona el art. 8.2.g y valora como medida eficaz la anulación que la propia justicia argentina dispuso con la regla de exclusión y la doctrina del fruto del árbol venenoso. En materia de coerción sostiene que la prisión preventiva que se mantiene más allá de los límites temporales del art. 7.5 y del máximo legal se convierte en una medida punitiva y viola por eso la presunción de inocencia, y que el juez debe revisar periódicamente si subsisten los fundamentos que la justificaron.
Qué resolvió
Juan Carlos Bayarri fue detenido sin orden judicial el 18 de noviembre de 1991 en Villa Domínico, provincia de Buenos Aires, por personal de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, en una causa por privación ilegal de la libertad (causa 4.227), y mientras estuvo bajo custodia policial fue torturado con golpes, picana eléctrica y amenazas contra su padre para que confesara, lo que hizo el 24 de noviembre, sin defensor, ante el Juzgado de Instrucción N° 25, cuyo titular no dejó constancia de las lesiones visibles y limitó el examen forense a los oídos. Permaneció en prisión preventiva cerca de trece años, fue condenado a reclusión perpetua en 2001 y absuelto el 1 de junio de 2004 por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que anuló la confesión y los actos derivados con la regla de exclusión y la doctrina del fruto del árbol venenoso, mientras la causa 66.138 por los apremios, en la que él era querellante, llevaba unos diecisiete años sin sentencia y ya se había declarado prescripta la acción respecto de dos imputados. Como el Estado no controvirtió los hechos, la Corte desestimó por extemporánea la excepción preliminar y declaró violados los arts. 7.1, 7.2 y 7.5 por la detención ilegal, la falta de control judicial y una preventiva que excedió el máximo de la ley 24.390, los arts. 5.1 y 5.2 por la tortura y por no haberla investigado de oficio, junto con los arts. 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el art. 8.1 por la duración del proceso seguido contra él, el art. 8.2.g por la confesión obtenida bajo tormento, el art. 8.2 porque la prolongación convirtió la preventiva en una medida punitiva y los arts. 8.1 y 25.1 por la demora de la causa por los apremios, y descartó calificar los hechos como de lesa humanidad por no acreditarse un contexto de violaciones masivas y sistemáticas. Ordenó concluir ese proceso penal y proteger a la víctima querellante frente a hostigamientos, brindarle atención médica gratuita, eliminar sus antecedentes, publicar la sentencia, incluir a las fuerzas de seguridad, a los órganos de investigación y a la justicia en la formación sobre prevención de la tortura y pagarle 145.000 dólares por daño material, 100.000 por daño inmaterial y 50.000 de costas.
- Expediente
- Caso 11.280 de la CIDH (Informe de Admisibilidad 02/01 e Informe de Fondo 15/07); causas 4.227 y 66.138/96
- Fecha
- 30/10/2008
- Registro o cita oficial
- Serie C No. 187, sentencia del 30/10/2008 (no consta la fecha de notificación)
- Etapa procesal
- Investigación, Juicio
- Subetapa
- Petición individual ante el sistema interamericano
- Normas interpretadas
- Arts. 1.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.g, 25.1 y 63.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 1, 6 y 8, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; ley 24.390; art. 66 bis, Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; arts. 511 y 512, Código de Procedimientos en Materia Penal
Temas
Votos · Mayoría y disidencias
Unanimidad de Cecilia Medina Quiroga (presidenta), Diego García-Sayán, Sergio García Ramírez, Manuel E. Ventura Robles, Margarette May Macaulay y Rhadys Abreu Blondet; el juez Leonardo A. Franco se inhibió y no se designó juez ad hoc. Voto concurrente de García Ramírez, que presenta la prisión preventiva como una pena anticipada cuya legitimidad solo puede apoyarse en su estricta necesidad para asegurar la sujeción del imputado al proceso y la marcha regular de este, rechaza que persiga fines de prevención general o que la ley la imponga de manera genérica según el delito imputado, y exige prueba suficiente del hecho y de la probable participación, además de su carácter provisional. Precedentes y remisiones. Casos Bueno Alves, Bulacio, Garrido y Baigorria, Kimel, Suárez Rosero, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, Tibi, López Álvarez, Yvon Neptune, Ximenes Lopes, Penal Miguel Castro Castro, Gutiérrez Soler, Heliodoro Portugal, Genie Lacayo, Salvador Chiriboga, Castañeda Gutman, Baldeón García, Escué Zapata, García Prieto, Myrna Mack Chang, Servellón García y Velásquez Rodríguez, entre otros; Protocolo de Estambul; CSJN, Montenegro (Fallos 303:1938), citado por la Corte a través de la sentencia de la Sala I.