Caso Bueno Alves Vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas)
La sentencia define la tortura del art. 5.2 por tres elementos, un acto intencional, un sufrimiento físico o mental severo y una finalidad determinada, tomando como guía la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y los aplica a golpes propinados en sede policial para obtener una declaración contra el propio abogado. Para quien investiga apremios ilegales fija que la pericia médica debe ser inmediata, que el fiscal y el juez no pueden dejar el impulso de la causa en manos de la víctima y que el extranjero detenido debe ser informado de su derecho a la asistencia consular antes de su primera declaración, y aclara que esos hechos, por no integrar un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, no constituyen delitos de lesa humanidad.
Qué resolvió
Juan Francisco Bueno Alves, artesano marmolero uruguayo residente en la Argentina, fue detenido el 5 de abril de 1988 junto con su abogado por la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, en una causa originada en una compraventa inmobiliaria frustrada, y en la madrugada siguiente, en el Departamento Central de Policía, un oficial y otro agente lo golpearon con las manos ahuecadas en los oídos y con los puños en el estómago, lo insultaron por su nacionalidad y lo privaron de la medicación para su úlcera para que declarara contra su defensor, lo que le perforó el tímpano y le dejó una pérdida auditiva y graves secuelas psíquicas. Denunció los golpes ante el juez el 8 de abril, pero la causa 24.079 terminó en 1997, tras unos nueve años, sin responsables identificados ni sancionados. Como el Estado aceptó las conclusiones del informe de fondo de la Comisión, la Corte tuvo por confesados los hechos y por allanado al Estado en cuanto a los arts. 5, 8 y 25, aunque analizó cada punto, calificó lo ocurrido como tortura por concurrir un acto intencional, sufrimientos severos y la finalidad de forzar una confesión, declaró que la falta de respuesta judicial lesionó también su integridad, extendió la violación del art. 5.1 a su madre, su ex esposa y sus tres hijos, y tuvo por violados los arts. 8.1 y 25 por la tardanza en el examen médico, la pasividad del juez y del Ministerio Público, la carga puesta sobre la víctima, la demora y la falta de aviso sobre la asistencia consular. Rechazó, en cambio, las violaciones de los arts. 7, 11 y 24 que alegaba la representante, y ordenó investigar de inmediato, publicar la sentencia y pagar 223.000 dólares por daño material, 100.000 a la víctima y 10.000 a cada familiar por daño inmaterial y 30.000 de costas.
- Expediente
- Caso 11.425 de la CIDH (Informe de Admisibilidad 101/99 e Informe de Fondo 26/05); causa 24.079
- Fecha
- 30/05/2007
- Registro o cita oficial
- Serie C No. 164, sentencia del 11/05/2007 notificada el 30/05/2007
- Etapa procesal
- Investigación
- Subetapa
- Petición individual ante el sistema interamericano
- Normas interpretadas
- Arts. 1.1, 5.1, 5.2, 7, 8.1, 11, 24, 25 y 63.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 1, 2, 6 y 8, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; art. 36.1.b, Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; ley 18.910
Temas
Votos · Mayoría y disidencias
Unanimidad de Sergio García Ramírez (presidente), Cecilia Medina Quiroga (vicepresidenta), Manuel E. Ventura Robles, Diego García-Sayán, Margarette May Macaulay y Rhadys Abreu Blondet; el juez Leonardo A. Franco se inhibió. No hay votos separados. Precedentes y remisiones. Casos La Cantuta, Penal Miguel Castro Castro, Vargas Areco, Goiburú y otros, Servellón García y otros, Almonacid Arellano y otros (concepto de lesa humanidad), Ximenes Lopes, Baldeón García, García Asto y Ramírez Rojas, Cantoral Benavides, Bámaca Velásquez, Maritza Urrutia, Hermanos Gómez Paquiyauri, Tibi y Caesar (elementos de la tortura), Villagrán Morales y otros, Loayza Tamayo, Masacres de Ituango, Comunidad indígena Yakye Axa, Comunidad Moiwana, Gutiérrez Soler, Montero Aranguren y otros, Acosta Calderón y Bulacio (asistencia consular), Cesti Hurtado (honra), Acevedo Jaramillo, López Álvarez, Gómez Palomino, Trabajadores Cesados del Congreso, Hermanas Serrano Cruz, Molina Theissen y Myrna Mack Chang; Opiniones Consultivas OC-10/89 y OC-16/99.