Caso Cantos Vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas; Excepciones Preliminares)
Cualquier norma o medida interna que imponga costos o dificulte el acceso a los tribunales sin justificarse en las razonables necesidades de la administración de justicia lesiona el art. 8.1, y una tasa o unos honorarios exorbitantes la contrarían aunque guarden proporción aritmética con lo reclamado, más aún cuando su cobro se impone con embargos o con la inhibición del deudor. La Corte apoyó la ausencia de violación del art. 2 en que los jueces argentinos están facultados para reducir esas cargas y aplicar directamente la Convención, con lo cual el deber de evitarlas recae sobre ellos, y en las excepciones preliminares dejó dicho que quien actúa por sí y por sus sociedades puede acudir al sistema aunque sus derechos se canalicen a través de una persona jurídica.
Qué resolvió
José María Cantos, empresario de Santiago del Estero, demandó en 1986 ante la Corte Suprema, en instancia originaria, a la provincia y al Estado nacional por el cumplimiento de un convenio de 1982 en el que el gobernador habría reconocido los daños causados por los allanamientos y secuestros de documentación que la Dirección General de Rentas practicó en 1972, y el 3 de septiembre de 1996 la Corte Suprema declaró inoponible el convenio, aplicó la prescripción y le impuso las costas. En las excepciones preliminares de 2001 la Corte Interamericana rechazó que el art. 1.2 de la Convención excluyera el caso por tratarse de sociedades, porque Cantos había litigado por derecho propio y en nombre de sus empresas, y admitió en parte la objeción temporal, de modo que solo examinó las actuaciones ante la Corte Suprema posteriores al 5 de septiembre de 1984. En la sentencia de fondo sostuvo que la tasa de justicia del 3 % calculada sobre un reclamo de más de 2.780 millones de pesos, que ascendía a 83.400.459,10 pesos, la multa del 50 % por no pagarla y los honorarios regulados según el monto del pleito, cerca de 140 millones en conjunto, obstruían el acceso a la justicia aunque fueran aritméticamente proporcionales, por lo que declaró violados los arts. 8.1 y 25 en relación con el art. 1.1; descartó, en cambio, la lesión del plazo razonable, porque el propio actor contribuyó a la demora de diez años, la del art. 2, porque los jueces podían reducir esas sumas y aplicar directamente la Convención, y la arbitrariedad de la sentencia de la Corte Suprema. Ordenó no cobrar la tasa ni la multa, fijar honorarios razonables, que el Estado asumiera los de peritos y abogados de la Nación y de la provincia, levantar embargos e inhibiciones y pagar 15.000 dólares de gastos.
- Expediente
- Caso 11.636 de la CIDH (Informe 75/98, del 28 de septiembre de 1998); causa C-1099 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
- Fecha
- 16/12/2002
- Registro o cita oficial
- Serie C No. 97, sentencia del 28/11/2002 notificada el 16/12/2002; excepciones preliminares, Serie C No. 85, sentencia del 07/09/2001
- Etapa procesal
- Proceso no penal y acceso a la justicia
- Subetapa
- Petición individual ante el sistema interamericano
- Normas interpretadas
- Arts. 1.1, 1.2, 2, 8.1, 21, 25 y 63.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. XVIII y XXIV, Declaración Americana (no aplicados); art. 28, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; ley 23.898 (tasa de justicia); leyes 21.839 y 24.432 (honorarios)
Temas
Votos · Mayoría y disidencias
Excepciones preliminares por unanimidad de Antônio A. Cançado Trindade (presidente), Hernán Salgado Pesantes, Oliver Jackman, Alirio Abreu Burelli, Sergio García Ramírez, Carlos Vicente de Roux Rengifo y el juez ad hoc Julio A. Barberis; Máximo Pacheco Gómez no participó. Fondo por unanimidad de Cançado Trindade (presidente), Abreu Burelli (vicepresidente), Pacheco Gómez, Salgado Pesantes, Jackman, García Ramírez, de Roux Rengifo y el juez ad hoc Barberis. Voto razonado del juez Barberis, que sostiene que el art. 1.1 debe leerse como obligación de no discriminar, como en la Opinión Consultiva OC-4/84, y que la interpretación que la Corte adoptó desde Velásquez Rodríguez lo priva de sentido normativo, por lo cual declarar violados los arts. 8.1 y 25 en relación con el art. 1.1 equivale a declararlos violados sin más. Precedentes y remisiones. En las excepciones, casos Constantine y otros, Benjamin y otros y Hilaire (excepciones preliminares), Tribunal Constitucional e Ivcher Bronstein (competencia), Ivcher Bronstein (accionistas) y Blake (excepciones preliminares); CIJ, Barcelona Traction; TEDH, Pine Valley Developments c. Irlanda. En el fondo, casos Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, Mayagna (Sumo) Awas Tingni, Tribunal Constitucional, Cantoral Benavides, Durand y Ugarte, Ivcher Bronstein, Caracazo, Trujillo Oroza, Bámaca Velásquez, “La Última Tentación de Cristo” y Godínez Cruz (iura novit curia); Opinión Consultiva OC-11/90; TEDH, Osman c. Reino Unido, Keenan c. Reino Unido, Guichon c. Francia, Stoidis c. Grecia y Glaser c. Reino Unido; CSJN, Ekmedjian c. Sofovich (7/7/1992).