Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas)
Además de trasladar a la condena civil por una publicación el examen de necesidad que en Kimel se había aplicado a la pena, la sentencia ordenó dejar sin efecto un pronunciamiento de la Corte Suprema, y su ejecución dio lugar a un cruce explícito entre ambos tribunales sobre el alcance del art. 68.1 de la Convención. El 14 de febrero de 2017 (Fallos 340:47), los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz rechazaron el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos porque, a su entender, la obligatoriedad de esas decisiones se limita a las dictadas dentro de las potestades remediales del tribunal interamericano, dejar sin efecto equivale a revocar, hacerlo lo convertiría en una cuarta instancia y los arts. 27 y 108 de la Constitución lo vedan; Rosatti llegó al mismo resultado por su voto, con apoyo en el margen de apreciación nacional, y Maqueda, en disidencia, propuso cumplir la orden y rechazar la demanda. En octubre de ese año la Corte Interamericana contestó que la medida no implicaba necesariamente revocar, que solo a ella corresponde fijar el alcance de su competencia y que bastaría, por ejemplo, una anotación, de modo que el 5 de diciembre el tribunal argentino, sosteniendo que esa aclaración coincidía con lo decidido en febrero, mandó asentar junto a Fallos 324:2895 que ese fallo había sido declarado incompatible con la Convención. En 2020 el tribunal interamericano dio por cumplido con esa leyenda el componente relativo a la responsabilidad civil y vio en ella un cambio de postura, aunque en abril de 2023 seguía pendiente devolver lo pagado por los periodistas, monto que fijó en equidad en nueve millones de pesos.
Qué resolvió
En noviembre de 1995 la revista Noticias, de Editorial Perfil, cuyos directores editoriales eran Jorge Fontevecchia, en la editorial, y Héctor D’Amico, en la revista, publicó notas sobre la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Saúl Menem con una diputada provincial, la entrega de sumas cuantiosas y regalos costosos a ambos, presuntas gestiones en favor del esposo de la diputada y un pedido de asilo en Paraguay por amenazas, ilustradas con fotografías en las que la imagen del niño aparecía distorsionada. Menem demandó por daño moral por violación de su intimidad con base en el art. 1071 bis del Código Civil, y aunque el juez de primera instancia rechazó la demanda en 1997, la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil condenó a la editorial y a los periodistas en 1998 a pagar ciento cincuenta mil pesos y publicar un extracto del fallo, la Corte Suprema confirmó la condena en 2001 y la redujo a sesenta mil pesos, y la ejecución siguió con el embargo del salario de D’Amico. La Corte Interamericana consideró que la norma civil, aunque redactada en términos generales, era ley en sentido formal y material, que proteger la vida privada era un fin legítimo y que la vía civil era idónea, pero que la condena no era necesaria, porque recaía sobre el funcionario electivo de más alto rango, la información era de interés público por su relación con el manejo de sumas cuantiosas y con eventuales gestiones en una investigación judicial, ya había sido difundida en un libro de 1993 y en un diario español, el propio Menem había compartido actos públicos con su hijo y la madre, y las fotografías, entregadas a la revista por la oficina de prensa de la Presidencia según lo no controvertido, contribuían al debate, de modo que declaró violado el art. 13, en relación con el art. 1.1, y rechazó la violación del art. 2, porque la lesión no provino de la norma sino de su aplicación al caso. Ordenó dejar sin efecto la condena civil en todos sus extremos con el reintegro de lo pagado, publicar la sentencia y su resumen oficial y pagar las costas, sin otras indemnizaciones.
- Expediente
- CIDH, Informe de Admisibilidad 51/05 e Informe de Fondo 82/10; juicio de daños y perjuicios ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 35
- Fecha
- 15/12/2011
- Registro o cita oficial
- Serie C No. 238, sentencia del 29/11/2011 notificada el 15/12/2011
- Etapa procesal
- Proceso no penal y acceso a la justicia
- Subetapa
- Petición individual ante el sistema interamericano
- Normas interpretadas
- Arts. 1.1, 2, 11, 13 y 63.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 1071 bis, Código Civil; art. 19, Constitución Nacional
Temas
Votos · Mayoría y disidencias
Unanimidad de Diego García-Sayán (presidente), Manuel E. Ventura Robles, Margarette May Macaulay, Rhadys Abreu Blondet, Alberto Pérez Pérez y Eduardo Vio Grossi; el juez Leonardo A. Franco no participó por ser nacional del Estado demandado. No hay votos separados. Precedentes y remisiones. Opinión Consultiva OC-5/85; casos Kimel, Herrera Ulloa, Tristán Donoso, Ricardo Canese, Ivcher Bronstein, Masacres de Ituango, Escher y otros, Almonacid Arellano y Cabrera García y Montiel Flores (control de convencionalidad), Salvador Chiriboga, Cinco Pensionistas, Familia Barrios, Barbani Duarte, López Mendoza y Velásquez Rodríguez; TEDH, Von Hannover c. Alemania, Editions Plon c. Francia, MGN Limited c. Reino Unido, Tammer c. Estonia y Schussel c. Austria; Resolución 1165 (1998) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.