Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina (Fondo; Reparaciones y Costas)
La sentencia de reparaciones resuelve que la Argentina, que desde la ratificación se comportó como si la competencia en materia de derechos humanos correspondiera al Estado federal, no puede invocar luego el art. 28 de la Convención ni su estructura federal para dejar de cumplir una obligación internacional, y que un convenio firmado por una provincia no sustituye al que debe celebrar la Nación como parte del litigio. Afirma también que la obligación de investigar y sancionar es autónoma de la reparación y subsiste aunque la víctima renuncie a la indemnización o perdone al autor, salvo en los delitos perseguibles a instancia de parte.
Qué resolvió
El 28 de abril de 1990 Adolfo Argentino Garrido Calderón y Raúl Baigorria Balmaceda fueron detenidos en el Parque General San Martín, de la ciudad de Mendoza, por agentes uniformados de la Dirección motorizada de la policía provincial, y desde entonces se desconoce su paradero, sin que los hábeas corpus interpuestos ni la causa 60.099 abierta en el Cuarto Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial lograran identificar a los responsables. El Estado aceptó los hechos y sus consecuencias jurídicas al contestar la demanda y reconoció en la audiencia su responsabilidad internacional, por lo que la sentencia de fondo, sin entrar en el análisis de los derechos, tomó nota de ambos reconocimientos y concedió seis meses para que las partes acordaran las reparaciones. El convenio que luego firmaron la Provincia de Mendoza y los representantes, con un tribunal arbitral y una comisión investigadora ad hoc, no fue tenido por acuerdo entre partes, porque la parte en el litigio era la República y el laudo había sido impugnado, de manera que la Corte abrió la etapa de reparaciones. La sentencia de 1998 rechazó el daño material por falta de prueba del apoyo económico de las víctimas a sus familias, fijó por daño moral 75.000 dólares para la madre de Garrido, 6.000 para cada uno de los hermanos de ambos y 40.000 para los dos hijos extramatrimoniales de Baigorria, a quienes tuvo por reconocidos según una manifestación del padre registrada en su legajo penitenciario, reguló 45.500 dólares de costas y ordenó buscar e identificar a esos hijos e investigar, juzgar y sancionar a los autores, cómplices y encubridores; desestimó las indemnizaciones ejemplares y consideró innecesario pronunciarse sobre la tipificación de la desaparición forzada, porque el Estado ya había enviado al Congreso un proyecto.
- Expediente
- Caso 11.009 de la CIDH (Informe 26/94, del 20 de septiembre de 1994)
- Fecha
- 02/02/1996
- Registro o cita oficial
- Serie C No. 26, sentencia de fondo del 02/02/1996, leída en sesión pública ese día; reparaciones y costas, Serie C No. 39, sentencia del 27/08/1998 (no consta su notificación)
- Etapa procesal
- Investigación
- Subetapa
- Petición individual ante el sistema interamericano
- Normas interpretadas
- Arts. 1.1, 4, 5, 7, 8.1, 25, 28 y 63.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (ley 24.556); arts. 23 y 55.1.h, Reglamento de la Corte IDH entonces vigente
Temas
Votos · Mayoría y disidencias
Sentencia de fondo por unanimidad de Héctor Fix-Zamudio (presidente), Hernán Salgado Pesantes, Alejandro Montiel Argüello, Máximo Pacheco Gómez, Oliver Jackman, Alirio Abreu Burelli, Antônio A. Cançado Trindade y el juez ad hoc Julio A. Barberis. Sentencia de reparaciones por unanimidad de Hernán Salgado Pesantes (presidente), Antônio A. Cançado Trindade, Máximo Pacheco Gómez, Oliver Jackman, Alirio Abreu Burelli, Sergio García Ramírez, Carlos Vicente de Roux Rengifo y el juez ad hoc Julio A. Barberis. Ninguna de las dos tiene votos separados. Precedentes y remisiones. Caso Aloeboetoe y otros (reparaciones), casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz (indemnización compensatoria), casos El Amparo, Neira Alegría y otros y Caballero Delgado y Santana (reparaciones), Fairén Garbi y Solís Corrales, Castillo Páez, Suárez Rosero, Blake y Paniagua Morales; CPJI, Usine de Chorzów; laudos del caso del Montijo (1875) y de la sucesión de Hyacinthe Pellat (1929) sobre la estructura federal; CPJI, Estatuto jurídico de Groenlandia Oriental; TEDH, Brincat c. Italia (costas).