Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas)
Es la sentencia en la que la Corte Interamericana, frente a una absolución dictada en un proceso viciado por la intervención de agentes estatales, negó que ella impidiera volver a juzgar, con una fórmula acotada a la gravedad del caso concreto que no declara la imprescriptibilidad del homicidio y que, al tratar la prescripción, la presenta como institución de derecho interno sujeta a la Convención. Su cumplimiento muestra el alcance doméstico de esa doctrina, porque, según las resoluciones de supervisión, el 22 de marzo de 2018 la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense, con invocación del fallo interamericano y del deber de acatarlo, hizo lugar a la acción autónoma de nulidad de la sentencia firme que el Ministerio Público había deducido contra aquella absolución, y el 1 de junio de 2022 la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía a dos policías, uno federal como autor material y otro bonaerense como partícipe primario, pronunciamiento que al 21 de marzo de 2023 estaba recurrido. En esa última resolución el tribunal mantuvo abierto el control sobre la búsqueda de los autores intelectuales y sobre la capacitación de la Policía Federal y de la Policía Judicial bonaerense.
Qué resolvió
Jorge Omar Gutiérrez, subcomisario de la Comisaría Segunda de Avellaneda de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, murió el 29 de agosto de 1994 de un disparo en la nuca mientras viajaba en tren hacia Quilmes, cuando indagaba sobre un depósito fiscal lindero con esa dependencia que luego se vinculó con el llamado caso de la aduana paralela. La causa por homicidio, regida por el antiguo código procesal bonaerense, tuvo un único imputado, agente de la Policía Federal Argentina, a quien la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata absolvió por la duda el 15 de noviembre de 1996 sobre la base de testimonios que varios declarantes desmintieron después ante una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, donde admitieron haber sido presionados por policías federales y por allegados al acusado; los recursos de la viuda, constituida en particular damnificada, no fueron admitidos, y la pesquisa reabierta, que llegó a señalar a un presunto partícipe, se extendió más de diecinueve años sin esclarecer el crimen. El Estado reconoció su responsabilidad y suscribió con los representantes un acuerdo de reparaciones que la Corte Interamericana aceptó, aunque resolvió fijar los hechos y valorar la prueba indiciaria, de la que derivó la intervención de agentes estatales en la ejecución y en su encubrimiento; declaró violado el art. 4.1, los arts. 8.1 y 25.1 por la falta de debida diligencia, el abandono de líneas lógicas de investigación, la desprotección de testigos amenazados y la demora, y el art. 5.1 en perjuicio de su esposa, Nilda del Valle Maldonado de Gutiérrez, de sus hijos Jorge Gabriel, Omar David y Marilin Verónica Gutiérrez y de sus hermanos Francisco Virgilio y Nilda Elena Gutiérrez. A pedido de las partes examinó el efecto de aquella absolución y sostuvo que el art. 8.4 debe leerse en armonía con las demás garantías del art. 8, de manera que un proceso tramitado sin ellas no produce la sentencia firme que esa norma ampara, y que en este caso específico, por su gravedad y por la participación estatal en el crimen y en su ocultamiento, el non bis in idem no resultaba aplicable; añadió que lo mismo ocurriría si se admitiera en todo evento la prescripción, a la que calificó como institución de derecho interno que, donde proceda, debe operar en plena correspondencia con la Convención. Ordenó investigar y juzgar a los responsables materiales e intelectuales removiendo los obstáculos de hecho y de derecho, realizar un acto público de reconocimiento, publicar la sentencia, conservar y señalizar el galpón y la comisaría, incorporar cursos de derechos humanos en la formación de la Policía Federal, de la Policía bonaerense y de la Policía Judicial de la provincia, y pagar indemnizaciones y costas.
- Expediente
- CIDH, Informe de Admisibilidad 1/03 e Informe de Fondo 63/11; causa 10.888 (Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 5 de La Plata), expediente 85.714 y causa S-85.714 (Sala Primera de la Cámara de Apelación de La Plata), causa 5-10888-2 (Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata), IPP 06-00-019616-13 y 06-00-014171-18
- Fecha
- 25/11/2013
- Registro o cita oficial
- Serie C No. 271, sentencia del 25/11/2013 notificada el 19/12/2013
- Etapa procesal
- Investigación, Juicio
- Subetapa
- Petición individual ante el sistema interamericano
- Normas interpretadas
- Arts. 1.1, 4.1, 5.1, 8.1, 8.4, 25.1 y 63.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires (ley 3589, aplicado por las leyes 12.059 y 13.153)
Temas
Votos · Mayoría y disidencias
Diego García-Sayán (presidente), Manuel E. Ventura Robles, Alberto Pérez Pérez, Eduardo Vio Grossi, Roberto F. Caldas, Humberto Antonio Sierra Porto y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; unanimidad en todos los puntos. No hay votos separados. Precedentes y remisiones. Casos Myrna Mack Chang, Kawas Fernández, Velásquez Rodríguez, Baldeón García, Bulacio, Torres Millacura, Kimel, Mohamed y Garrido y Baigorria; TEDH, Giuliani y Gaggio c. Italia; artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre responsabilidad del Estado.