Caso López de Belva y otro Vs. Argentina (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
Sin declarar incompatible en sí mismo el modelo inquisitivo mixto, en el que un mismo juez instruye y sentencia, la Corte Interamericana admite que esa acumulación puede generar dudas razonables sobre la imparcialidad y sitúa la lesión en el exceso de convicción del acto que abrió el proceso, mientras la jueza Hernández López, en disidencia parcial, sostiene que el vicio residía en el propio diseño de la ley 3589 y debió vincularse con el art. 2 de la Convención, lo que ofrece un argumento convencional para la separación de funciones del sistema acusatorio. Tuvo por violado el plazo razonable aun cuando la Corte Suprema ya había extinguido la acción por esa misma demora, argumento con el que el Estado pretendía tener por saneada la dilación, y afirmó que el derecho a interrogar alcanza a los testigos ofrecidos por otro coimputado, aunque no pueda medirse cuánto incidió la restricción en la condena.
Qué resolvió
Carlos Alberto López de Belva y Arturo Jorge Podestá, abogados de un particular que en 1987 había obtenido la condena de la Municipalidad de La Matanza en un juicio de daños, fueron procesados en 1991 por fraude a la administración pública en grado de tentativa a raíz de una pericia contable que atribuyó a sus liquidaciones un perjuicio para el erario comunal, y el mismo juez del Juzgado en lo Criminal n° 5 de San Martín que había dirigido la instrucción conforme al viejo Código de Procedimiento Penal bonaerense (ley 3589) los condenó en 1993 a dos años y nueve meses de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación para ejercer la abogacía. La condena quedó firme en 1999, pero en 2006 la Corte Suprema, al resolver recursos que seguían pendientes por otros coimputados, dio por extinguida la acción por prescripción en razón de la duración irrazonable del trámite. La Corte Interamericana tuvo por vulnerada la imparcialidad objetiva, porque el auto de procesamiento, al referirse a una “connivencia dolosa” y a una puesta en escena desplegada “a sabiendas”, fue más allá del motivo bastante de sospecha que exigía el art. 126 de aquel código y adelantó un juicio sobre la culpabilidad, mientras que la convicción expresada luego en el auto de prisión preventiva le pareció justificada por la naturaleza de esa medida. Declaró también lesionado el plazo razonable por los lapsos de inactividad sin justificación que se acumularon entre 2001 y 2006 en la última etapa ante la Corte Suprema, y el derecho a interrogar testigos, ya que en 1992 se impidió a la defensa repreguntar a una testigo propuesta por otro coimputado con el argumento de que solo podían hacerlo quien la había ofrecido y el fiscal. Rechazó, en cambio, los planteos sobre imparcialidad subjetiva, motivación, comunicación previa de la imputación, tiempo y medios para la defensa, defensa personal, ne bis in idem, publicidad, igualdad y protección judicial frente al umbral de tres años de prisión que el art. 350 imponía al recurso de inaplicabilidad de ley, legalidad y propiedad, y dejó fuera del marco fáctico el jury que las víctimas habían promovido contra jueces civiles. Ordenó publicar la sentencia y su resumen oficial, pagar USD 20.000 a cada víctima por daño inmaterial, USD 30.000 a cada una por costas internas y USD 10.000 a cada uno de los tres representantes, y reintegrar lo gastado por el Fondo de Asistencia Legal, sin reconocer daño material.
- Expediente
- Caso 11.755 de la CIDH (Informe de Admisibilidad 27/00 e Informe de Fondo 291/21)
- Fecha
- 21/08/2026
- Registro o cita oficial
- Serie C No. 596, sentencia del 15/5/2026 notificada el 21/8/2026
- Etapa procesal
- Impugnación, Investigación, Juicio
- Subetapa
- Petición individual ante el sistema interamericano
- Normas interpretadas
- Arts. 1.1, 2, 8.1, 8.2.b, 8.2.c, 8.2.d, 8.2.f, 8.4, 8.5, 9, 21, 24, 25.1 y 63.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 3, 24, 126, 180, 229, 230, 243, 350, 444 y 445, Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires (ley 3589, t.o. decreto 1174/86); art. 161, Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 26 y 174 inc. 5, Código Penal; art. 14, ley 48; ley 11.922; arts. 35.1 y 35.2, Reglamento de la Corte IDH