Caso María y otros Vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas)
La sentencia fijó pautas sobre la entrega en adopción que exceden a la provincia involucrada, porque afirmó que no existe la guarda preadoptiva de un niño por nacer, que el consentimiento de una madre niña o adolescente exige asistencia letrada, información suficiente y ausencia de presiones, que el interés superior debe ponderarse respecto de la madre y del hijo cuando ella también es niña y que esa pauta no puede invocarse para legitimar demoras ni el incumplimiento de los requisitos legales, como había sucedido al usarse el retraso del proceso como razón para no reintegrar al hijo. Todos los resolutivos se adoptaron por unanimidad y sin votos individuales, y la Corte mantuvo los nombres ficticios y la reserva de los datos de las familias, criterio que esta ficha respeta. No hay resoluciones de supervisión publicadas, y según la sistematización de la Secretaría de la Corte sólo figura cumplido el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
Qué resolvió
María, una niña de doce años en situación de pobreza que cursaba un embarazo de veintiocho semanas, fue atendida en 2014 en una maternidad pública cuyo personal la presionó para que se desprendiera del hijo por nacer, y el 23 de julio de ese año ella y su madre firmaron sin asistencia letrada un escrito de entrega en guarda, con base en el cual la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes promovió ante un tribunal de familia un procedimiento con fines de adopción en el que la jueza, por un simple auto sin fundamentos, ordenó entregar al recién nacido, Mariano, a un matrimonio inscripto en el registro de adoptantes, lo que ocurrió al día siguiente del parto, en agosto de 2014. Un informe forense concluyó en diciembre de ese año que la niña no estaba en condiciones de comprender el alcance de la entrega, su madre se retractó en abril de 2015 y pidió el reintegro, la defensa sostuvo que María nunca había querido desprenderse de su hijo y, sin embargo, el trámite se transformó en una declaración de situación de adoptabilidad, los recursos fueron rechazados sobre la base de un supuesto consentimiento tácito y, más de ocho años después, el estado jurídico de Mariano seguía indefinido, con un régimen de vinculación tardío, rígido e interrumpido. El Estado reconoció su responsabilidad por la totalidad de los hechos, y la Corte Interamericana sostuvo que ni el Código Civil ni el Código Civil y Comercial admitían entregar a un niño por nacer, que el consentimiento de María no fue libre ni informado porque careció de asesoramiento y estuvo sometida a presiones, que la Defensoría no estaba legitimada para iniciar ese proceso y que la entrega dispuesta sin resolución fundada violó el deber de motivación, de modo que declaró violados los arts. 5, 11.2, 17 y 19 de la Convención respecto de María, los arts. 11.2, 17 y 19, incluido el derecho a la identidad, en cuanto a Mariano, y los arts. 11.2 y 17 en relación con la madre de la niña. Halló además que la niña fue citada por primera vez en marzo de 2015 y que recién en 2017 se aceptó a las abogadas que había elegido, después de que la jueza le exigiera una evaluación psicológica, que el trámite excedió el plazo razonable pese a que el paso del tiempo podía volver irreversible la separación y que los recursos no fueron efectivos, por lo que declaró violados los arts. 8.1 y 25 respecto de los tres, en relación con los arts. 17.1 y 19, y entendió que María padeció en la maternidad violencia institucional y obstétrica con un impacto agravado por la confluencia de su edad, su género y su pobreza, en violación de los arts. 1.1 y 24 de ese tratado y del art. 7.a de la Convención de Belém do Pará. No ordenó la restitución inmediata porque el caso seguía en trámite interno, pero dispuso que en un año los tribunales definieran la guarda y la situación del niño con control de convencionalidad, escuchándolo con acompañamiento y con participación de ambas familias, que se garantizara la vinculación y que él conociera su historia, y mandó además investigar penal y disciplinariamente a quienes intervinieron en la entrega, publicar la sentencia, otorgar becas a madre e hijo, impartir un curso obligatorio a magistrados, funcionarios y agentes del sistema provincial de protección de la infancia, capacitar al personal de las maternidades y elaborar un protocolo con una cartilla de derechos de las madres niñas y adolescentes, con 75.000 dólares para María, 50.000 para Mariano y 10.000 para la madre de María por daños material e inmaterial, 5.000 para la rehabilitación de María, 30.000 para su beca y 10.000 de costas.
- Expediente
- CIDH, Informe de Admisibilidad y Fondo 393/21 del 21/12/2021 (petición del 11/01/2018), precedido por medidas cautelares otorgadas el 12/04/2016; proceso de guarda con fines de adopción, luego de declaración de situación de adoptabilidad, ante un tribunal colegiado de familia de la provincia, cuyos datos la sentencia reserva
- Fecha
- 22/08/2023
- Registro o cita oficial
- Serie C No. 494, sentencia del 22/08/2023 notificada el 06/10/2023
- Etapa procesal
- Proceso no penal y acceso a la justicia
- Subetapa
- Petición individual ante el sistema interamericano
- Normas interpretadas
- Arts. 1.1, 5, 8.1, 11.2, 17, 19, 24, 25 y 63.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 7.a, Convención de Belém do Pará; arts. 7, 8, 12 y 21, Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 11, 27 y 29, ley 26.061; arts. 316 a 318, Código Civil; arts. 595, 597, 607 y 611, Código Civil y Comercial de la Nación
Temas
Votos · Mayoría y disidencias
Ricardo C. Pérez Manrique (presidente), Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (vicepresidente), Humberto Antonio Sierra Porto, Nancy Hernández López, Patricia Pérez Goldberg y Rodrigo Mudrovitsch; la jueza de nacionalidad argentina no intervino. Todos los resolutivos por unanimidad, sin votos individuales. Precedentes y remisiones. Casos Fornerón e hija, Ramírez Escobar y otros, L.M. y Brítez Arce y otros; Opiniones Consultivas OC-17/02 y OC-29/22; Observaciones Generales 7 y 12 del Comité de los Derechos del Niño; Directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños.