Caso Moliné O’Connor Vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas)
La Corte Interamericana sostuvo que el juicio político, sin ser contrario en sí mismo a la Convención, debe regirse por criterios jurídicos cuando se dirige contra magistrados, de modo que ningún juez puede ser acusado ni removido por el contenido de sus decisiones, salvo infracción intencional del ordenamiento o incompetencia comprobada, y que esa protección se refuerza cuando el acusado integra una corte suprema. Impuso al Senado, cuando actúa como tribunal, el deber de motivar el rechazo de las recusaciones, y exigió un examen de proporcionalidad para suspender al acusado durante el trámite, aun con goce de haberes. En el plano del control judicial interno descartó los dos argumentos con que la Corte Suprema cerró el caso en 2004, porque los fundamentos de una destitución son siempre revisables cuando se denuncia una lesión a la independencia judicial, y porque la dificultad de reemplazar legisladores no autoriza a negar la recusación, tanto menos cuando el propio Estado admitió en la audiencia que el reemplazo era factible. Quedan abiertas la indeterminación de la causal de mal desempeño, que la mayoría no trató y el voto de Mudrovitsch considera el núcleo del caso, y la tensión entre la orden de regularizar la pensión y la sentencia firme dictada por la Corte Suprema en 2024.
Qué resolvió
El 3 de diciembre de 2003 el Senado, constituido en tribunal de juicio político, destituyó por mal desempeño a Eduardo José Antonio Moliné O’Connor, juez de la Corte Suprema desde 1990, con los dos únicos cargos de la acusación de Diputados que reunieron los dos tercios (45 votos de 64), ambos referidos al criterio que la mayoría del tribunal había sostenido en la causa "Meller" al no revisar un laudo arbitral; antes lo había suspendido sin goce de haberes, sin otro sustento que el pedido de la comisión acusadora y el art. 4 de su reglamento. La Corte Suprema, integrada por conjueces, dejó sin efecto en junio de 2004 la privación de haberes sin examinar la suspensión misma, y desestimó la queja contra la destitución con el argumento de que admitir recusaciones de legisladores desintegraría el órgano y de que el fondo de lo resuelto era una cuestión política ajena a su control. Tras la remoción, el Ministerio de Desarrollo Social revocó la pensión vitalicia de la ley 24.018 por aplicación de su art. 29, y el reclamo judicial se prolongó de 2004 a 2024, cuando la Corte Suprema rechazó la demanda, diez años después de la muerte del exjuez. La Corte Interamericana declaró la responsabilidad del Estado por violar la independencia judicial y el deber de motivación (art. 8.1), el derecho a permanecer en el cargo (art. 23.1.c), la protección judicial (art. 25.1), la propiedad (art. 21), el plazo razonable y, por mayoría, el trabajo y la seguridad social (art. 26), con afectación del proyecto de vida; consideró innecesario examinar el principio de legalidad (art. 9) y el art. 2. Ordenó regularizar la pensión con efectos desde el 20/8/2014 en favor de los beneficiarios, publicar y difundir el fallo, y pagar USD 600.000 por lucro cesante, USD 25.000 por daño inmaterial y USD 30.000 de costas; dispuso además que las autoridades internas interpreten el art. 53 de la Constitución conforme a la Convención y a su jurisprudencia, punto cuyo seguimiento no asumirá. Precedentes y remisiones. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú (reitera); Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador (reitera); Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador (reitera); Caso López Lone y otros Vs. Honduras (reitera); Caso Ríos Avalos y otro Vs. Paraguay (aplica); Caso Gutiérrez Navas y otros Vs. Honduras (aplica); Caso Radilla Pacheco Vs. México (reitera, control de convencionalidad); CSJN, sentencias de conjueces del 1/6/2004 y del 9/6/2004 (descalifica); CSJN, "Boggiano" (Fallos: 339:323) y "Marquevich" (11/12/2014), sobre el art. 29 de la ley 24.018 (no cuestiona la norma).
- Expediente
- Caso 13.071 de la CIDH (Informe de Admisibilidad y Fondo 30/23)
- Fecha
- 12/11/2026
- Registro o cita oficial
- Serie C No. 599, sentencia del 20/8/2026 notificada el 12/11/2026
- Etapa procesal
- Juicio político y control judicial
- Subetapa
- Petición individual ante el sistema interamericano
- Normas interpretadas
- Arts. 1.1, 2, 8.1, 9, 21, 23.1.c, 25.1, 26 y 63.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 53, 59, 60, 108 y 110, Constitución Nacional; arts. 4, 6, 10, 11 y 27, Reglamento del Senado constituido en tribunal de juicio político; art. 55, Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984); arts. 1, 2, 4 y 29, ley 24.018; art. 14, ley 48; art. 3, Carta Democrática Interamericana
Temas
Votos · Mayoría y disidencias
Sentencia firmada por los seis jueces que intervinieron, Mudrovitsch (presidente), Pérez Goldberg, Pérez Manrique, Hernández López, Borea Odría y Moreno Rodríguez, unánime en cuanto a los arts. 8.1, 23.1.c, 25.1 y 21 y al plazo razonable. El art. 26 se declaró por cuatro votos contra dos (disienten Pérez Goldberg y Borea Odría) y la afectación al proyecto de vida por tres votos a favor y tres parcialmente en contra (Mudrovitsch, Pérez Manrique y Borea Odría); la interpretación conforme del art. 53 tuvo la disidencia parcial de Borea Odría, que también votó contra la supervisión del cumplimiento. Mudrovitsch, en voto concurrente, sostiene que la indeterminación del mal desempeño lesiona la legalidad, que la suspensión preventiva requiere ley formal y que la instrucción debería quedar a cargo de un órgano técnico distinto del que juzga; Hernández López afirma que esa separación ya es una exigencia convencional y precisa que los estándares no impiden revisar, caso por caso y con garantías, magistraturas surgidas de una captura autoritaria de la justicia; Borea Odría advierte que lo juzgado es el uso que se hizo del juicio político y no la institución. La jueza Verónica Gómez, de nacionalidad argentina, no intervino.