Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas)
Para la práctica policial y judicial la sentencia establece que toda demora, aun con meros fines de identificación, es una privación de la libertad que debe registrarse con su causa, el agente que la practicó, las horas de detención y de liberación y el aviso al juez, y que una norma que permite demorar para conocer antecedentes sin precisar causas concretas habilita interferencias imprevisibles y por eso arbitrarias. Reafirma, además, que ante una posible desaparición forzada la investigación debe iniciarse de oficio y sin dilación, no puede quedar a cargo de los agentes señalados como responsables y debe comprender la búsqueda del paradero, y toma nota de que la Argentina tipificó ese delito en el Código Penal mediante la ley 26.679, sancionada el 13 de abril de 2011.
Qué resolvió
Iván Eladio Torres Millacura, de 26 años, que solía reunirse con amigos en las plazas del centro de Comodoro Rivadavia y había sido detenido, amenazado y golpeado con frecuencia por la policía de Chubut, fue detenido el 26 de septiembre de 2003 sin que la detención se registrara, en otra ocasión de ese mes fue llevado al lugar conocido como Km. 8, donde lo desnudaron, lo golpearon y simularon fusilarlo, y en la noche del 2 al 3 de octubre fue detenido cerca de la plaza Bitto y visto mientras lo golpeaban en la Comisaría Seccional Primera, de donde lo sacaron a la rastra, sin que desde entonces se conozca su paradero. La denuncia de su madre se recibió formalmente diez días después de su primer intento, la búsqueda se encaró como la de una persona extraviada y quedó en manos de los mismos policías sospechados, el libro de partes diarios fue adulterado y el juez de instrucción renunció antes de que prosperara el pedido de su enjuiciamiento; en 2007 la Corte Suprema atribuyó la competencia a la justicia federal por encuadrar el hecho en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y en mayo de 2011 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia anuló por falta de fundamentación el procesamiento de quince policías por ese delito, sin sobreseerlos. El Estado reconoció su responsabilidad en los términos del informe de fondo, y la Corte, al precisar sus alcances, declaró que la falta de registro de la detención violó los arts. 7.1 y 7.2, que el art. 10.b de la ley 815, al autorizar demoras sin causas concretas, fue contrario a los arts. 7.3 y 2, que lo ocurrido en el Km. 8 constituyó tortura, que la desaparición forzada violó los arts. 3, 4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2 y 7.3, en relación con los arts. 1.1 y 2 y con los arts. I.a, II y XI de esa Convención, y que la falta de una investigación diligente y en plazo razonable violó los arts. 8.1 y 25.1 y los deberes de investigar de las convenciones sobre desaparición forzada y contra la tortura en perjuicio de la madre y los hermanos, cuya integridad también se lesionó. Ordenó remover los obstáculos que mantienen la impunidad, investigar teniendo en cuenta los abusos policiales de la provincia, continuar la búsqueda, implementar un curso obligatorio de derechos humanos para los policías de Chubut de todos los niveles y pagar 157.000 dólares de indemnizaciones y 15.000 de costas, y no dispuso actos de reconocimiento ni publicaciones porque la madre los rechazó expresamente.
- Expediente
- Caso 12.533 de la CIDH (Informe de Admisibilidad 69/05 e Informe de Fondo 114/09); causa 1138/03 (Juzgado de Instrucción N° 2 de Comodoro Rivadavia) y expediente 7020 (justicia federal de Comodoro Rivadavia)
- Fecha
- 28/09/2011
- Registro o cita oficial
- Serie C No. 229, sentencia del 26/08/2011 notificada el 28/09/2011
- Etapa procesal
- Investigación
- Subetapa
- Petición individual ante el sistema interamericano
- Normas interpretadas
- Arts. 1.1, 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 25.1, 28 y 63.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. I.a, I.b, II, III y XI, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (ley 24.556); arts. 1, 6 y 8, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; art. 10.b, ley 815 de Chubut (texto de la ley 4123); ley 26.679
Temas
Votos · Mayoría y disidencias
Unanimidad de Diego García-Sayán (presidente), Manuel E. Ventura Robles, Margarette May Macaulay, Rhadys Abreu Blondet, Alberto Pérez Pérez y Eduardo Vio Grossi; el juez Leonardo A. Franco no participó por ser nacional del Estado demandado. Voto concurrente de Vio Grossi, que se limita a aclarar que lo dicho en los párrafos 29 y 55 sobre las medidas provisionales no contradice sus votos disidentes de 2011 en los asuntos Gutiérrez Soler, Rosendo Cantú y Kawas Fernández. Precedentes y remisiones. Casos Velásquez Rodríguez, Anzualdo Castro, Radilla Pacheco, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, Gomes Lund y otros, Gelman, Chitay Nech, Heliodoro Portugal, Ticona Estrada, Goiburú, Gómez Palomino, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, Cabrera García y Montiel Flores, Servellón García, Usón Ramírez, Vélez Loor, Cantoral Benavides, Bueno Alves, Bayarri, Kimel, Garrido y Baigorria y Bulacio, entre otros; TEDH, Kurt, Çakici, Timurtas y Tas c. Turquía y Chipre c. Turquía; Comité de Derechos Humanos, Somers c. Hungría; tribunales nacionales, entre ellos la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en Vitela y otros (1999).