Gabriel González Da Silva analiza los primeros controles judiciales a la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, que estableció los 14 años como edad mínima de responsabilidad penal. Revisa dos fallos de grado (Lomas de Zamora y CABA) que frenaron la ley y fueron revocados en Cámara. Entre otras interesantes cuestiones, aborda la omisión por parte de ambas jueces, en aplicar las medidas alternativas no privativas de la libertad que prevé la propia norma, el valor jurídico de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, la tensión entre la política criminal del legislador y el control judicial y el conflicto de competencia entre nación y CABA para entender en estos casos. Finalmente, afirma que, si bien hay algunos puntos cuestionables, la ley mejora el régimen anterior al prohibir la prisión perpetua y fijar fines educativos y de resocialización.