Por qué importaLa Corte revocó la anulación que la Casación había dispuesto y admitió que el tribunal de juicio impusiera la multa que el art. 5, inc. c), de la ley 23.737 prevé junto con la prisión aunque el fiscal no la hubiera requerido, porque ambas eran penas principales de aplicación conjunta que procedían por imperativo legal y fijarla en el mínimo no había privado a la defensa de discutirla, como lo mostraba el hecho de que esta solo hubiera objetado la cuantía y pedido perforar ese piso. Extendió de ese modo a la multa la doctrina de “Riquelme” sobre el decomiso (Fallos: 343:168) y lo resuelto en Fallos: 312:540 respecto de la inhabilitación del art. 94 del Código Penal, aunque dejó afuera los párrafos tercero y cuarto del punto V del dictamen, que sostenían, con apoyo en el art. 401 del CPPN y en lo opinado por la Procuración en “Acosta” (2007), que el tribunal no quedaba atado al monto que reclamara el acusador, de modo que el fallo no decidió esa cuestión ni examinó el art. 307 del CPPF, que impide aplicar una sanción más grave que la solicitada.
Por qué importaEl transporte de estupefacientes se consuma con el inicio del traslado, aunque la carga se deposite en etapas y la intervención policial lo interrumpa; la tentativa queda para el caso en que la droga se cargó pero el traslado no empezó. La autoría puede apoyarse en la disponibilidad funcional sobre la carga, inferida de indicios concordantes, sin tenencia física al momento de la detención.
Por qué importaEl dictamen que la Corte hace suyo exige que la duda que absuelve surja de la prueba y no de la convicción subjetiva de los jueces, y descalifica que se haya aceptado el descargo sin confrontarlo con los demás indicios. La mayoría de Casación había apoyado la duda en que son las mujeres quienes asisten a las personas detenidas, y ese argumento no fue respondido en sí mismo.
Por qué importaSi la casación admitió un recurso fiscal porque estaba en juego la interpretación de normas federales, como las de la ley 23.737, con base en “Di Nunzio” (Fallos: 328:1108), otra integración de la misma sala no puede reabrir esa admisibilidad al tratar después el recurso de la defensa. Hacerlo niega arbitrariamente la jurisdicción de la casación como tribunal intermedio. Sirve para defender la estabilidad de lo decidido sobre la procedencia de recursos acusatorios más allá del art. 458 del Código Procesal Penal de la Nación.
Por qué importaLa Corte sostuvo que pasar a las provincias la competencia sobre el narcomenudeo decide quién investiga y juzga, no cuánto pesa la conducta, y que esa reforma no autoriza a los jueces a reescribir la escala que fijó el Congreso. El dictamen descarta que la comparación con otras escalas o con leyes derogadas pruebe una desproporción, y la diferencia entre tres y cuatro años la trata como mera divergencia con el legislador.