Por qué importaEl art. 29 del CP permite fijar la reparación integral en la sentencia aunque la víctima no se haya constituido en actora civil; exigirlo en un caso de violencia de género es un rigor formal contrario a Belém do Pará y a la ley 27.372. Confirma además que un tocamiento en el muslo puede tener significación sexual según el contexto.
Por qué importaEl examen del plazo razonable no puede limitarse a contar los períodos de inactividad; debe ponderar los derechos de la víctima de violencia de género y el deber de debida diligencia del Estado. No notificarla durante el incidente viola la ley 27.372 y descalifica la decisión.
Por qué importaCuando la acusación alternativa comprende dos hechos distintos, sostener ambas hipótesis no revela duda ni contradicción, y la condena por la subsidiaria equivale a una absolución implícita por la principal que el acusador puede recurrir. Las limitaciones recursivas locales, como el tope de pena del art. 513 del código entrerriano, no pueden impedir el tratamiento de cuestiones federales. Rosenkrantz votó por desestimar la queja con el art. 280.
Declara la responsabilidad internacional del Estado
Por qué importaLa sentencia fijó pautas sobre la entrega en adopción que exceden a la provincia involucrada, porque afirmó que no existe la guarda preadoptiva de un niño por nacer, que el consentimiento de una madre niña o adolescente exige asistencia letrada, información suficiente y ausencia de presiones, que el interés superior debe ponderarse respecto de la madre y del hijo cuando ella también es niña y que esa pauta no puede invocarse para legitimar demoras ni el incumplimiento de los requisitos legales, como había sucedido al usarse el retraso del proceso como razón para no reintegrar al hijo. Todos los resolutivos se adoptaron por unanimidad y sin votos individuales, y la Corte mantuvo los nombres ficticios y la reserva de los datos de las familias, criterio que esta ficha respeta. No hay resoluciones de supervisión publicadas, y según la sistematización de la Secretaría de la Corte sólo figura cumplido el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
Declara la responsabilidad internacional del EstadoCon disidencia
Por qué importaLa sentencia precisó, con apoyo en la Opinión Consultiva OC-29/22 y en la ley 26.485, la noción de violencia obstétrica como violencia basada en el género prohibida por los tratados interamericanos, y la proyectó sobre una muerte materna anterior a la ratificación de la Convención de Belém do Pará, de modo que ofrece al litigio interno una pauta de lectura de la ley de parto humanizado y del deber de informar a las gestantes, y a la investigación penal de estos hechos el reproche, reconocido por el Estado, por una demora de casi veinte años con diez peritajes contradictorios. Human Rights Watch y el Centro de Derechos Reproductivos, que había intervenido como amicus curiae, la presentaron como la primera ocasión en que la Corte Interamericana reconoció esa forma de violencia en un caso contencioso. La declaración sobre el art. 26 se adoptó por cuatro votos contra dos, y los votos de Sierra Porto y Pérez Goldberg sostuvieron que la Corte carece de competencia para declarar la violación autónoma del derecho a la salud, que debió examinarse por conexidad con la vida y la integridad, como en I.V. Vs. Bolivia. En la supervisión del 30 de abril de 2024 la Corte tuvo por cumplidas las publicaciones, en parte la campaña "Sin Parto Respetado, hay violencia obstétrica", cuya difusión en radio, televisión y maternidades aún no se había informado, y pendientes los pagos, cuyo plazo venció el 19 de enero de 2024. Por el Decreto 1255/2026, dictado el 23 de octubre de 2026 y publicado en el Boletín Oficial el 26 de ese mes, el Presidente de la Nación ordenó abonar en efectivo las sumas fijadas en el resolutivo noveno, entre ellas las indemnizaciones por daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos, medida que el tribunal interamericano todavía no había evaluado al cargarse esta ficha.
Por qué importaLas imprecisiones del relato sobre la cantidad de hechos no restan credibilidad a la víctima, que tampoco puede ser desacreditada por su conducta con terceros ni por no haber denunciado antes. La violación de una detenida por un agente del Estado exige una diligencia reforzada.