Entre los proyectos de ley propuestos para ser debatidos y, en su caso, sancionados, en las sesiones extraordinarias del Congreso de este verano, surge uno que podría darles una solución, al menos provisoria, a los irresueltos casos de los atentados a la Embajada de Israel y de la AMIA perpetrados en la Argentina a principios de la década de los 90. 

El próximo  lunes 16 de diciembre a las 14:30 horas se llevará a cabo un encuentro de análisis y debate para todas aquellas personas interesadas en la Política criminal relacionada con las armas de fuego ilícitas.

En el marco de la campaña de 16 días de activismo iniciada el pasado 25 de noviembre por la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la violencia hacia la mujer, y hasta el próximo 10 de diciembre, el propósito es renovar compromisos y esfuerzos por abordar desde diversas aristas la problemática de la violencia de género.

Con gran entusiasmo les compartimos una importante novedad: nuestro anteproyecto de ley reforma integral de la ley de armas y tipificación de delitos con armas de fuego, cuyos fundamentos  y contenido son desarrollados en el Tomo 2 del “Tratado sobre tráfico ilícito de armas y delitos vinculados en el orden interno y global”, de inminente aparición, fue presentado en el Congreso de la Nación, con mínimas modificaciones, por el diputado Oscar Agost, en compañía con otros colegas de bloque.

Con motivo de esta fecha emblemática, más allá de informar datos concretos sobre las tasas de femicidios en la Argentina (sobre todo aquellos cometidos con armas de fuego), consideramos de interés efectuar una comparación con otro país que, desde hace tiempo, viene implementando políticas públicas sobre esta problemática y así, comenzar a obtener conclusiones, cuyos primeros resultados se hacen saber en esta entrega.

El Sistema Acusatorio, tal como ha sido definido en este sitio web, es un modelo de organización del proceso penal en el cual la función de investigar, acusar y juzgar se distribuye entre diferentes actores dentro de un marco de equilibrio de poderes y garantizando la plena operatividad de las garantías procesales.