Derecho Penal

En la Argentina, el derecho penal material rige, como principio, de manera uniforme en todo el territorio nacional. Corresponde al Congreso de la Nación dictar el Código Penal y las leyes penales especiales, aunque su aplicación puede quedar a cargo de tribunales federales o provinciales según la naturaleza del caso y las reglas de competencia. Se exceptúan de esta uniformidad las contravenciones y faltas, pertenecientes en principio a las potestades locales, y los delitos de imprenta, cuya regulación se vincula con la reserva establecida por el artículo 32 de la Constitución Nacional.

El Código Penal constituye el núcleo del sistema, pero no lo agota. Numerosas figuras delictivas y consecuencias jurídicas se encuentran reguladas en leyes especiales e incluso en normas pertenecientes a materias económicas, tributarias, aduaneras, ambientales o administrativas. El artículo 4 del Código proporciona un principio de unidad al establecer la aplicación de sus disposiciones generales a los delitos previstos por leyes especiales, salvo que estas dispongan lo contrario.

Esta dispersión dificulta el conocimiento preciso del derecho vigente y favorece contradicciones, superposiciones e interpretaciones fragmentarias. También revela un problema más profundo. La expansión constante del castigo aparece con frecuencia como una respuesta inmediata frente a toda preocupación social. La inflación penal multiplica las figuras delictivas, recarga el sistema de justicia y puede debilitar el carácter excepcional que debe conservar la intervención punitiva.

El derecho penal no es solamente un instrumento de represión. Es también un sistema de límites. Solo resulta legítimo cuando protege bienes jurídicos reconocibles, respeta los principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad, y se utiliza como último recurso. En un Estado constitucional, el poder está al servicio de las personas y no las personas al servicio del poder. La tutela del orden o de intereses colectivos no puede convertirse en una fórmula abierta para restringir derechos fundamentales.

Esta sección reúne el Código Penal actualizado, las principales leyes especiales, sus antecedentes y estudios doctrinales. Su finalidad es mostrar el derecho penal como un sistema integral, relacionado necesariamente con el proceso que permite aplicarlo y con las reglas que gobiernan la ejecución de sus consecuencias.