Por qué importaNueva aplicación de Mawiel. La queja se suspende hasta que el tribunal de origen resuelva la prescripción, antes de cualquier examen del fondo. Lorenzetti votó por asegurar la revisión del art. 8.2.h CADH, con remisión a Duarte.
Por qué importaNo es un caso aislado. En este mismo período la Corte aplicó “Ilarraz” por remisión en otros dos fallos, “Silveira Soto” (06/08/2026, Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego) y “Alvarado” (10/09/2026, Superior Tribunal de Justicia del Chaco). La Corte no declara prescripta la acción, sino que reenvía para que el tribunal provincial resuelva conforme a ese precedente. El texto del fallo no permite saber si la víctima era menor ni en qué fecha ocurrieron los hechos.
Por qué importaEl superior tribunal provincial no puede negarse a revisar una absolución invocando que la casación local no permite valorar hechos y prueba, si la querella plantea fundadamente su arbitrariedad. La Corte se remitió a “Uzcátegui Matheus” (Fallos: 339:408) y “Morinigo Troche” (Fallos: 339:1441). Esta vez sin disidencias, a diferencia de “R., D. S.” (Fallos: 349:1241), donde Rosenkrantz votó por desestimar.
Por qué importaLa Corte enumera más de veinte sentencias que desde 2018 repiten la misma doctrina frente al mismo tribunal y se la recuerda expresamente. Para el litigante bonaerense, el plazo del recurso local corre desde la notificación personal del defensor oficial y no desde la recepción del expediente.
Por qué importaCerrado el atajo de bajar la pena sin declarar inconstitucional la norma, el tribunal provincial declaró la inconstitucionalidad, y la Corte le exigió una desproporción manifiesta que no encontró. El dictamen remite al de Fallos: 348:113 y califica como mera divergencia con el legislador la diferencia entre tres y cuatro años. Es la misma línea de “Prete” (31/03/2026). Rosenkrantz aclaró que esa doctrina no cierra el examen de otros supuestos de desproporción.
Por qué importaEl dictamen que la Corte hace suyo afirma que el archivo de una investigación por falta de prueba no niega la intervención de nadie y por eso no es una sentencia inconciliable con la condena firme. Como las causales de revisión son taxativas, si los dos pronunciamientos admiten una lectura no contradictoria prevalece la cosa juzgada (Fallos: 320:985, voto de Petracchi).
Por qué importaUna nulidad no es en principio sentencia definitiva, pero la Corte la revisó porque causaba un perjuicio de imposible reparación y mostraba exceso ritual. El dictamen al que remite exige un perjuicio concreto para anular y sostiene que la continuidad del debate no se afectó, porque solo quedó pendiente la audiencia de pena, una cuestión autónoma postergada por fuerza mayor y con acuerdo de las partes.
Por qué importaLa Corte dejó firme la prescripción y no tocó la garantía del imputado, pero sostuvo que la pérdida de la acción por inacción del Estado exige una respuesta institucional mayor que una exhortación. Ordenó investigar la responsabilidad de magistrados, Ministerio Público y abogados, y recordó que el Superior Tribunal resolvió en línea con “Ilarraz” (Fallos: 348:611).
Por qué importaAdemás de resolver la contienda, la Corte censuró quince años de inacción, afirmó el derecho de la víctima a una decisión fundada y oportuna como parte de la tutela judicial efectiva, y calificó de grave revictimización someter a la niña a exámenes ginecológicos para después paralizar la causa. Aclaró que el interés superior del niño no autoriza a soslayar el debido proceso ni los derechos del imputado.
Por qué importaLa Corte recordó que la pena por un delito cometido siendo menor de edad debe fundarse en los arts. 40 y 41 del Código Penal y en la ley 22.278, atender preponderantemente a la resocialización y ser inferior a la que correspondería a un adulto, según "Maldonado". Descalificó a un superior tribunal provincial que rechazó por falta de fundamentación un recurso que invocaba ese precedente con claridad. Sirve a las defensas frente a aumentos de pena en alzada que solo ponderan agravantes.
Por qué importaLa Corte controló de oficio, como cuestión de orden público, que una imputada tenía entre dieciséis y diecisiete años al momento del hecho y había sido juzgada y penada junto con un adulto sin aplicar el trato diferenciado de la ley 22.278. Reafirmó con "Maldonado" que ese trato es un imperativo de máxima jerarquía normativa. Sirve para plantear nulidades por omisión del régimen juvenil aun cuando la defensa no lo haya alegado. Rosenkrantz votó por desestimar la queja.
Por qué importaLa Corte, por unanimidad, negó que los abusos sexuales contra menores anteriores a las leyes 26.705 y 27.206 puedan tratarse como imprescriptibles por vía judicial. Afirmó que el régimen de la prescripción integra el principio de legalidad penal, que la analogía con los delitos de lesa humanidad es inadmisible y que ni la tutela judicial efectiva, ni el interés superior del niño, ni el principio pro homine autorizan a desplazar el Código Penal. La propia Corte presentó la cuestión como proyectable a numerosas causas en trámite.
Por qué importaLa Corte sostuvo que pasar a las provincias la competencia sobre el narcomenudeo decide quién investiga y juzga, no cuánto pesa la conducta, y que esa reforma no autoriza a los jueces a reescribir la escala que fijó el Congreso. El dictamen descarta que la comparación con otras escalas o con leyes derogadas pruebe una desproporción, y la diferencia entre tres y cuatro años la trata como mera divergencia con el legislador.
Por qué importaCuando la acusación alternativa comprende dos hechos distintos, sostener ambas hipótesis no revela duda ni contradicción, y la condena por la subsidiaria equivale a una absolución implícita por la principal que el acusador puede recurrir. Las limitaciones recursivas locales, como el tope de pena del art. 513 del código entrerriano, no pueden impedir el tratamiento de cuestiones federales. Rosenkrantz votó por desestimar la queja con el art. 280.
Por qué importaLa mayoría, por remisión al dictamen, reafirmó que la garantía del debido proceso ampara también al Ministerio Público Fiscal y que un superior tribunal provincial no puede cerrar con fórmulas estereotipadas el recurso del acusador contra una absolución por duda (“Garipe”, Fallos: 327:608). El dictamen suma el contexto de violencia de género y el deber de debida diligencia de la Convención de Belém do Pará. Rosenkrantz votó en disidencia y rechazó la queja por el art. 280.
Por qué importaLa Corte sostuvo que la obligación de usar el cinturón de seguridad, sancionada como falta vial, no invade el ámbito de reserva del art. 19 de la Constitución porque previene un riesgo cierto de daño a terceros. El interés para lo penal está en la relectura de Bazterrica y Arriola y en el estándar de riesgo para terceros que habilita la intervención estatal. Rosenkrantz agregó que, para el art. 19, es irrelevante que la sanción no sea penal.
Por qué importaPor remisión al dictamen, la Corte reafirmó que el límite de edad de la ley 22.278 es un presupuesto procesal que impide formar proceso penal contra quien tenía menos de dieciséis años al momento del hecho. El juez puede comprobar el delito sin involucrar al niño y, respecto de él, solo tomar conocimiento, estudiar su personalidad y entorno y disponer medidas de protección ajenas al procedimiento judicial. El derecho a ser oído no autoriza a imponerle una declaración.
Por qué importaLa Corte descalificó la decisión de la Suprema Corte bonaerense que trató como cuestión procesal local el cómputo del plazo para recurrir una condena, contado desde la notificación personal al imputado, sin asistencia letrada, y no desde la posterior a su defensora. Reafirmó que omitir una cuestión federal, en contra de Di Mascio, es más grave cuando frustra el último recurso contra la condena, por el deber de garantizar el derecho al recurso.
Por qué importaLa Corte reafirmó que un superior tribunal provincial no puede rechazar por falta de sentencia definitiva el recurso contra la nulidad de un juicio cuando el recurrente invoca con fundamentos la prohibición de doble persecución penal. En el caso, la nulidad del debate se había dictado de oficio al resolver un recurso de la defensa. La mayoría remitió a Di Mascio, Rosatti desarrolló la equiparación a definitiva y Maqueda votó por desestimar con el art. 280.
Por qué importaLa decisión que anula un sobreseimiento firme por cosa juzgada írrita y obliga a seguir sometido a proceso es equiparable a definitiva cuando se invocan el ne bis in idem y el plazo razonable. Quien la convalida debe explicar por qué el error de derecho habilita la anulación y cómo encaja el caso en la doctrina de la Corte sobre cosa juzgada írrita en perjuicio del imputado. El voto de Rosenkrantz y Lorenzetti subraya además la demora y la cercanía de la prescripción.
Por qué importaLa Corte, por remisión al dictamen, descalificó la sentencia de un superior tribunal provincial que anuló la aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación y restableció una prisión perpetua sin dar razones propias. Reafirma que el tribunal que anula por falta de fundamentación debe a su vez fundar, y que esa exigencia pesa más cuando lo decidido conduce a la pena perpetua. Lorenzetti votó por desestimar la queja con el art. 280.
Por qué importaLa Corte reafirmó, por remisión al dictamen, que el plazo para recurrir una condena corre desde la notificación personal al condenado y no desde la cursada al defensor, porque recurrir es una facultad del imputado. La regla rige también para quien está en libertad, sin distinción con los detenidos (“Villarroel Rodríguez”). Sirve a las defensas frente a inadmisibilidades por extemporaneidad y recuerda que los tribunales inferiores no pueden apartarse de los precedentes de la Corte sin argumentos nuevos.
Por qué importaEl plazo para impugnar la condena corre desde la notificación personal al imputado, que no puede ser un mero “hacer saber”. Un superior tribunal no puede rechazar por extemporáneo el recurso de un preso sin ponderar si la demora obedeció a que no se le informó su derecho a recurrir ni el plazo para hacerlo. La mayoría excluyó el punto II del dictamen, que asimilaba el caso a “Chambla”, mientras que Maqueda y Lorenzetti lo hicieron suyo.
Por qué importaLa Corte declaró que su doctrina sobre la prescripción penal es de seguimiento obligatorio para todos los tribunales del país. La prescripción debe resolverse antes de cualquier decisión de fondo, puede declararse de oficio, opera de pleno derecho y es de orden público. Un superior tribunal no puede negarse a examinarla con el argumento de que agotó su jurisdicción al rechazar el recurso. Es el precedente al que remiten las suspensiones posteriores por posible prescripción.
Por qué importaPor remisión al dictamen, la Corte equiparó a sentencia definitiva el archivo de una causa por peculado que supeditaba la persecución a anular antes la aprobación de cuentas del Tribunal de Cuentas, cuando esa vía ya era tardía y frustraba en los hechos el derecho de la parte acusadora a una sentencia. También reconoció cuestión federal en el planteo basado en la Convención Interamericana contra la Corrupción y recordó que el superior tribunal provincial no puede cerrar el acceso a esas cuestiones.
Por qué importaAntes de pronunciarse sobre la queja, la Corte suspende su trámite porque la acción podría estar prescripta y devuelve la verificación a los jueces de la causa. No declara ella la prescripción. Es una práctica constante, que la Corte elevó en “Mawiel” (Fallos: 344:3431) a doctrina de seguimiento obligatorio y que sigue aplicando en 2026.