Por qué importaNueva aplicación de Mawiel. La queja se suspende hasta que el tribunal de origen resuelva la prescripción, antes de cualquier examen del fondo. Lorenzetti votó por asegurar la revisión del art. 8.2.h CADH, con remisión a Duarte.
Por qué importaNo es un caso aislado. En este mismo período la Corte aplicó “Ilarraz” por remisión en otros dos fallos, “Silveira Soto” (06/08/2026, Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego) y “Alvarado” (10/09/2026, Superior Tribunal de Justicia del Chaco). La Corte no declara prescripta la acción, sino que reenvía para que el tribunal provincial resuelva conforme a ese precedente. El texto del fallo no permite saber si la víctima era menor ni en qué fecha ocurrieron los hechos.
Por qué importaEl superior tribunal provincial no puede negarse a revisar una absolución invocando que la casación local no permite valorar hechos y prueba, si la querella plantea fundadamente su arbitrariedad. La Corte se remitió a “Uzcátegui Matheus” (Fallos: 339:408) y “Morinigo Troche” (Fallos: 339:1441). Esta vez sin disidencias, a diferencia de “R., D. S.” (Fallos: 349:1241), donde Rosenkrantz votó por desestimar.
Por qué importaLa Corte enumera más de veinte sentencias que desde 2018 repiten la misma doctrina frente al mismo tribunal y se la recuerda expresamente. Para el litigante bonaerense, el plazo del recurso local corre desde la notificación personal del defensor oficial y no desde la recepción del expediente.
Por qué importaCerrado el atajo de bajar la pena sin declarar inconstitucional la norma, el tribunal provincial declaró la inconstitucionalidad, y la Corte le exigió una desproporción manifiesta que no encontró. El dictamen remite al de Fallos: 348:113 y califica como mera divergencia con el legislador la diferencia entre tres y cuatro años. Es la misma línea de “Prete” (31/03/2026). Rosenkrantz aclaró que esa doctrina no cierra el examen de otros supuestos de desproporción.
Por qué importaEl dictamen que la Corte hace suyo afirma que el archivo de una investigación por falta de prueba no niega la intervención de nadie y por eso no es una sentencia inconciliable con la condena firme. Como las causales de revisión son taxativas, si los dos pronunciamientos admiten una lectura no contradictoria prevalece la cosa juzgada (Fallos: 320:985, voto de Petracchi).
Por qué importaUna nulidad no es en principio sentencia definitiva, pero la Corte la revisó porque causaba un perjuicio de imposible reparación y mostraba exceso ritual. El dictamen al que remite exige un perjuicio concreto para anular y sostiene que la continuidad del debate no se afectó, porque solo quedó pendiente la audiencia de pena, una cuestión autónoma postergada por fuerza mayor y con acuerdo de las partes.
Por qué importaLa Corte dejó firme la prescripción y no tocó la garantía del imputado, pero sostuvo que la pérdida de la acción por inacción del Estado exige una respuesta institucional mayor que una exhortación. Ordenó investigar la responsabilidad de magistrados, Ministerio Público y abogados, y recordó que el Superior Tribunal resolvió en línea con “Ilarraz” (Fallos: 348:611).
Por qué importaAdemás de resolver la contienda, la Corte censuró quince años de inacción, afirmó el derecho de la víctima a una decisión fundada y oportuna como parte de la tutela judicial efectiva, y calificó de grave revictimización someter a la niña a exámenes ginecológicos para después paralizar la causa. Aclaró que el interés superior del niño no autoriza a soslayar el debido proceso ni los derechos del imputado.
Por qué importaLa Corte recordó que la pena por un delito cometido siendo menor de edad debe fundarse en los arts. 40 y 41 del Código Penal y en la ley 22.278, atender preponderantemente a la resocialización y ser inferior a la que correspondería a un adulto, según "Maldonado". Descalificó a un superior tribunal provincial que rechazó por falta de fundamentación un recurso que invocaba ese precedente con claridad. Sirve a las defensas frente a aumentos de pena en alzada que solo ponderan agravantes.
Por qué importaLa Corte controló de oficio, como cuestión de orden público, que una imputada tenía entre dieciséis y diecisiete años al momento del hecho y había sido juzgada y penada junto con un adulto sin aplicar el trato diferenciado de la ley 22.278. Reafirmó con "Maldonado" que ese trato es un imperativo de máxima jerarquía normativa. Sirve para plantear nulidades por omisión del régimen juvenil aun cuando la defensa no lo haya alegado. Rosenkrantz votó por desestimar la queja.
Por qué importaLa Corte, por unanimidad, negó que los abusos sexuales contra menores anteriores a las leyes 26.705 y 27.206 puedan tratarse como imprescriptibles por vía judicial. Afirmó que el régimen de la prescripción integra el principio de legalidad penal, que la analogía con los delitos de lesa humanidad es inadmisible y que ni la tutela judicial efectiva, ni el interés superior del niño, ni el principio pro homine autorizan a desplazar el Código Penal. La propia Corte presentó la cuestión como proyectable a numerosas causas en trámite.