Por qué importaQue el hecho ocurriera en un cuartel durante la dictadura no alcanza para calificarlo como crimen de lesa humanidad; hay que demostrar que integró el ataque contra la población civil y que la víctima pertenecía al grupo atacado. La conexidad exige un vínculo directo con la impunidad de esos crímenes. Con cita de Funes e Ilarraz, recuerda que no todo delito aberrante es imprescriptible.
Por qué importaLa revisión horizontal de una condena dictada en casación no es una nueva sentencia condenatoria del art. 67 inc. e CP, aunque reduzca la pena y vuelva a juzgar la necesidad de pena del régimen juvenil. Sigue la línea de "Farina" y "López" que la Sala II aplicó en "Desideri", y la mayoría agrega que una sola sentencia condenatoria cuenta como acto interruptivo.
Por qué importaLa Sala IV se suma a la línea de la Sala I en Velázquez y Susic (CF-2026-071). Cuando la multa se impone junto con la prisión, prescribe en el plazo de la pena mayor aunque la prisión ya se haya cumplido. Carbajo sostuvo en disidencia que, agotada la prisión, la multa pasa a ser pena única y prescribe a los dos años.
Por qué importaNueva aplicación de Mawiel. La queja se suspende hasta que el tribunal de origen resuelva la prescripción, antes de cualquier examen del fondo. Lorenzetti votó por asegurar la revisión del art. 8.2.h CADH, con remisión a Duarte.
Por qué importaLa mayoría de la Sala I sostiene que la multa impuesta junto con prisión prescribe en el plazo de la prisión (art. 65 inc. 3 CP) y no en dos años, aun agotada la pena privativa. Slokar votó por declarar mal concedidos los recursos, con remisión a un precedente de la Sala II.
Por qué importaEl cumplimiento se controla con las reglas fijadas al conceder la probation, y el acusador no puede ampliarlas después para fundar una revocación. Yacobucci agregó que el pedido llegó vencido el plazo de prueba.
Por qué importaLa exclusión del art. 41 inc. e de la ley 27.743 corresponde al régimen de regularización de activos (Título II). No alcanza para rechazar la extinción por cancelación de deudas del Título I, que tiene exclusiones propias en el art. 4.
Por qué importaLa mayoría de la Sala IV mantiene, en la etapa de instrucción, el encuadre de lesa humanidad e imprescriptibilidad para los malos tratos a conscriptos en Malvinas, frente a decisiones de la Sala I (Taranto, Polano) que lo negaron. Hornos votó en disidencia.
Por qué importaLa Sala V, por mayoría, admitió que un delito cometido y juzgado en el Perú interrumpiera la prescripción de la acción por hechos anteriores perseguidos en la Argentina, con la exigencia de que la conducta encuadrara en una figura del Código Penal y pudiera habilitar la extradición, requisitos que el voto que lideró el acuerdo tomó del segundo párrafo del artículo 50 al advertir que el artículo 67 no distingue el lugar de comisión. La disidencia de López lo rechazó con apoyo en la regla territorial del artículo 1 y en la legalidad estricta, recordando que el legislador previó la condena extranjera solo para la reincidencia, mientras que el tercer voto agregó dos fundamentos de distinta naturaleza, pues invocó la doctrina de la Corte que reconoce efecto interruptivo al pedido de extradición ("Endler") y, por otra parte, la suspensión que el artículo X, inciso 3, del tratado bilateral (ley 26.082) establece de modo expreso mientras el Estado requerido posterga la entrega.
Por qué importaSostiene que la condena no adquiere firmeza mientras la pena sigue pendiente de determinación tras un reenvío, de modo que el plazo de prescripción sigue corriendo. La disidencia reabre el debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción por el art. 36 CN.
Por qué importaHabilita que la Corte Suprema revise una prescripción por plazo razonable dictada en juicio. Reitera que la adhesión al recurso extraordinario de otra parte es inadmisible (Fallos 194:509).
Por qué importaEntiende que la derogación del Decreto 2226/2008 no extingue la condición de parte ya adquirida, porque el Decreto 274/2025 no regula los procesos en trámite y aplicarlo a ellos sería darle un efecto retroactivo impropio. Resuelve sin reenvío por economía procesal.
Por qué importaNo es un caso aislado. En este mismo período la Corte aplicó “Ilarraz” por remisión en otros dos fallos, “Silveira Soto” (06/08/2026, Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego) y “Alvarado” (10/09/2026, Superior Tribunal de Justicia del Chaco). La Corte no declara prescripta la acción, sino que reenvía para que el tribunal provincial resuelva conforme a ese precedente. El texto del fallo no permite saber si la víctima era menor ni en qué fecha ocurrieron los hechos.
Por qué importaSostiene que la multa impuesta junto con la prisión no prescribe sola a los dos años del art. 65 inc. 4, sino con el plazo de la pena mayor, porque ambas forman una única respuesta punitiva. La comisión de un nuevo delito dentro de ese plazo lo interrumpe.
Por qué importaLa Sala V sostuvo que el desistimiento fiscal no convierte la acción pública en privada aunque la querella siga sola, porque el art. 73 CP solo admite la conversión cuando la ley procesal la prevé, y el art. 33 CPPF no rige en la justicia nacional. Afirmó además que el fiscal que deja de impulsar la acción no pierde su carácter de parte ni sus funciones del art. 120 CN mientras el proceso siga vigente.
Por qué importaPara la Sala, el último acto interruptor fue la condena original de junio de 2023. La sentencia que vuelve a fijar la pena después de una casación parcial no interrumpe el plazo del art. 67 inc. e CP, porque asignarle ese efecto sería una analogía in malam partem (“Farina”, Fallos: 342:2344). Si la casación anula solo la calificación o la pena, el plazo sigue corriendo desde la primera condena, y los reenvíos pueden consumirlo. El fallo no resuelve la discusión de fondo planteada por la fiscalía sobre el inc. a, es decir, si interrumpe la fecha del nuevo delito o la de su condena, ni sobre el plenario “Prinzo”.
Por qué importaLa Sala IV revoca por mayoría la homologación de una conciliación entre un hijo imputado por robo con fuerza en las cosas y su padre, porque el fiscal se opuso con base en la Res. PGN 92/23 y en los antecedentes del imputado. Para la mayoría, la oposición fundada del titular de la acción pública es vinculante y el juez solo controla su razonabilidad (art. 69 CPPN). También rechaza extender al robo la excusa absolutoria del art. 185 CP. La disidencia de Quian Zavalía admite esa extensión in bonam partem para el robo con fuerza en las cosas y, por esa vía, considera irrazonable la oposición fiscal.
Por qué importaEs la causa que dio origen a “Bueno Alves vs. Argentina” (Corte IDH, 2007). Por la vía de la apelación horizontal, la Sala VI revocó la condena dictada en alzada y absolvió por duda. Sostuvo que la responsabilidad que el Estado reconoció ante la Corte IDH por allanamiento no prueba la responsabilidad penal del acusado, que no tuvo intervención en ese trámite, y que la Corte IDH ordenó investigar, no condenar. Mantuvo vigente la acción porque así lo decidió la Corte Suprema en 2011, y dejó que sea la propia Corte la que diga si “Fontevecchia” cambia esa conclusión.
Por qué importaEl examen del plazo razonable no puede limitarse a contar los períodos de inactividad; debe ponderar los derechos de la víctima de violencia de género y el deber de debida diligencia del Estado. No notificarla durante el incidente viola la ley 27.372 y descalifica la decisión.
Por qué importaPara la mayoría, el vencimiento del plazo del art. 253 del CPPF no produce la extinción ni la insubsistencia de la acción penal sino la obligación fiscal de formalizar, y una notificación irregular se tiene por saneada (arts. 2 y 130) si cumplió su finalidad sin afectar derechos. La recusación de fiscales exige motivos serios que comprometan la objetividad (art. 95), y no procede por desacuerdo con la estrategia acusatoria. La disidencia parcial de Borinsky sostiene la solución contraria sobre los plazos.
Por qué importaEn un proceso del CPPN con los arts. 22 y 34 del CPPF operativos, la mayoría sostuvo que extinguir la acción por reparación integral (art. 59, inc. 6, CP) supone disponer de la acción pública. Por eso el dictamen fiscal negativo que supera el control de legalidad, logicidad y razonabilidad vincula al tribunal, como en “Marinelli” (reg. 872/23) y “Ardiles” (reg. 712/24, Sala III). Es arbitraria la decisión que no rebate las razones fiscales sobre la calidad de funcionario público y el contexto del hecho.
Por qué importaLa Corte dejó firme la prescripción y no tocó la garantía del imputado, pero sostuvo que la pérdida de la acción por inacción del Estado exige una respuesta institucional mayor que una exhortación. Ordenó investigar la responsabilidad de magistrados, Ministerio Público y abogados, y recordó que el Superior Tribunal resolvió en línea con “Ilarraz” (Fallos: 348:611).
Por qué importaLa Corte reafirmó cómo se computa la prescripción peruana a los fines de la extradición, sumando el plazo extraordinario del art. 83 y reduciendo luego a la mitad por la edad del requerido (art. 81). Además negó que el pedido de extradición suspenda por sí la prescripción cuando el Estado requirente no lo invocó, y rechazó que el Procurador General interino introdujera en esa instancia causales de suspensión nuevas, por tratarse de una reflexión tardía que afecta la defensa en juicio.
Por qué importaLa mayoría aplica la doctrina de la Corte Suprema que trata el plazo razonable como límite autónomo al poder penal (“Mattei”, “Losicer”, “Goye”, “Espíndola”), aunque no se hayan cumplido los plazos de prescripción. Identifica períodos concretos de inactividad estatal y descarta cargar al imputado las demoras de planteos defensivos no calificados de abusivos. Para el litigante, muestra cómo construir el agravio con un cronograma de tiempos muertos y cómo obtener el efecto extensivo a coimputados no recurrentes. El voto de Ledesma contrasta la ley 23.984 con el Código Procesal Penal Federal, que ordena esos plazos.
Por qué importaLa mayoría sostiene que, mientras el objeto procesal no quede fijado en el requerimiento de elevación a juicio, la vigencia de la acción debe examinarse con la calificación más gravosa posible, porque el plazo depende del máximo de la escala penal. Descartar en la instrucción una figura más grave sin la certeza necesaria vuelve arbitraria la decisión. El fallo no hace el cómputo concreto ni decide qué actos interrumpieron el curso, ni si el acta es instrumento público. Es una decisión de mayoría que reitera la línea de Borinsky y Hornos en la Sala IV.
Por qué importaLa mayoría reafirma que el art. 67 del Código Penal, según la ley 25.990, enumera en forma taxativa los actos interruptivos y que la disyunción del inciso d) asigna ese efecto a la citación a juicio o a un acto equivalente, no a ambos. Con cita de “Demaría”, Borinsky entiende que el acto equivalente remite a los procedimientos que no prevén aquel auto, en particular los provinciales. Extender el efecto a la fijación de audiencia sería analogía in malam partem. La mayoría niega además que el art. 36 de la Constitución Nacional consagre la imprescriptibilidad de la corrupción.
Por qué importaEl fundamento de la mayoría, de Barroetaveña y Mahiques, canaliza la reparación integral del art. 59 inc. 6 del Código Penal por el art. 34 del Código Procesal Penal Federal, cuyo alcance a los delitos con contenido patrimonial sin grave violencia excluye, en principio, los delitos de peligro de la ley 23.737. Censura además la homologación que descarta con argumentos mínimos una oposición fiscal concreta y fundada. La tesis de inconstitucionalidad del art. 59 inc. 6 del Código Penal pertenece solo al voto de Gemignani y la sentencia no la declaró.
Por qué importaAdmite la condena en rebeldía como base de la entrega cuando el Estado requirente garantiza un nuevo juicio, y examina la prescripción como si el requerido estuviera sometido a proceso, con la condena extranjera, la orden de detención y el pedido de extradición como actos interruptores. Trata además el archivo por la condición de refugiado como un tiempo en que la prescripción no corrió, y deja el plazo razonable a los jueces del Estado requirente.
Por qué importaLa Corte, por unanimidad, negó que los abusos sexuales contra menores anteriores a las leyes 26.705 y 27.206 puedan tratarse como imprescriptibles por vía judicial. Afirmó que el régimen de la prescripción integra el principio de legalidad penal, que la analogía con los delitos de lesa humanidad es inadmisible y que ni la tutela judicial efectiva, ni el interés superior del niño, ni el principio pro homine autorizan a desplazar el Código Penal. La propia Corte presentó la cuestión como proyectable a numerosas causas en trámite.
Por qué importaEl fallo afirma que el organismo recaudador es víctima en los términos del art. 79 inc. a) del CPPF y tiene derecho a ser citado a la audiencia del art. 35 y a ser informado aunque no sea querellante. Sin esa citación la homologación no adquiere firmeza, conforme la doctrina Mattei sobre preclusión. Sostiene además que la prohibición del art. 76 bis, último párrafo, del Código Penal sigue vigente para los delitos de la ley 27.430. Habilita la vía con apoyo en Chacón y en el plenario Ruiz.
Por qué importaLa Corte reafirmó que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable rige hasta la sentencia firme, de modo que una condena ya dictada no impide examinarlo. Precisó que la gravedad del hecho y la condición de funcionario público del imputado no equivalen a complejidad ni eximen de aplicar las pautas de "Bonder". Ante casi dos décadas de proceso sin justificación concreta, resolvió sobre el fondo y declaró extinguida la acción penal.
Por qué importaLa decisión que anula un sobreseimiento firme por cosa juzgada írrita y obliga a seguir sometido a proceso es equiparable a definitiva cuando se invocan el ne bis in idem y el plazo razonable. Quien la convalida debe explicar por qué el error de derecho habilita la anulación y cómo encaja el caso en la doctrina de la Corte sobre cosa juzgada írrita en perjuicio del imputado. El voto de Rosenkrantz y Lorenzetti subraya además la demora y la cercanía de la prescripción.
Por qué importaLa mayoría sostiene que las exclusiones del art. 16 de la ley 27.541 son taxativas y que el art. 8 prohíbe imponer condiciones adicionales, por lo que el juez no puede crear por vía interpretativa una exclusión basada en la condición de funcionario público. Hacerlo sería una interpretación in malam partem, contraria a la legalidad y al principio pro homine. Aplica “Caravetta” de la Corte Suprema y sigue “Velázquez Rotela” de la propia Sala I. La mayoría es de dos votos, uno de ellos por adhesión en las particulares circunstancias de la causa.
Por qué importaLa Corte declaró que su doctrina sobre la prescripción penal es de seguimiento obligatorio para todos los tribunales del país. La prescripción debe resolverse antes de cualquier decisión de fondo, puede declararse de oficio, opera de pleno derecho y es de orden público. Un superior tribunal no puede negarse a examinarla con el argumento de que agotó su jurisdicción al rechazar el recurso. Es el precedente al que remiten las suspensiones posteriores por posible prescripción.
Por qué importaPor remisión al dictamen, la Corte equiparó a sentencia definitiva el archivo de una causa por peculado que supeditaba la persecución a anular antes la aprobación de cuentas del Tribunal de Cuentas, cuando esa vía ya era tardía y frustraba en los hechos el derecho de la parte acusadora a una sentencia. También reconoció cuestión federal en el planteo basado en la Convención Interamericana contra la Corrupción y recordó que el superior tribunal provincial no puede cerrar el acceso a esas cuestiones.
Por qué importaConfirmó las condenas por asociación ilícita y reconoció efecto interruptivo a la segunda citación a juicio (art. 67 inc. d CP), porque fue la que dio impulso real al proceso tras quedar sin efecto la primera a pedido de las partes. Remitió a sus decisiones de 2016 y 2017 sobre el plazo razonable. Riggi, en disidencia parcial, propuso computar la duración del proceso como atenuante.
Por qué importaAntes de pronunciarse sobre la queja, la Corte suspende su trámite porque la acción podría estar prescripta y devuelve la verificación a los jueces de la causa. No declara ella la prescripción. Es una práctica constante, que la Corte elevó en “Mawiel” (Fallos: 344:3431) a doctrina de seguimiento obligatorio y que sigue aplicando en 2026.
Por qué importaLa Sala IV revocó la extinción de la acción por duración irrazonable que había declarado el tribunal oral y ordenó fijar el debate. Exigió evaluar la complejidad del caso, la conducta del imputado y la de las autoridades, y computar solo el tiempo efectivo de sometimiento a proceso, sin atender a la fecha de los hechos ni a la duración futura.
Declara la responsabilidad internacional del Estado
Por qué importaEs la sentencia en la que la Corte Interamericana, frente a una absolución dictada en un proceso viciado por la intervención de agentes estatales, negó que ella impidiera volver a juzgar, con una fórmula acotada a la gravedad del caso concreto que no declara la imprescriptibilidad del homicidio y que, al tratar la prescripción, la presenta como institución de derecho interno sujeta a la Convención. Su cumplimiento muestra el alcance doméstico de esa doctrina, porque, según las resoluciones de supervisión, el 22 de marzo de 2018 la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense, con invocación del fallo interamericano y del deber de acatarlo, hizo lugar a la acción autónoma de nulidad de la sentencia firme que el Ministerio Público había deducido contra aquella absolución, y el 1 de junio de 2022 la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía a dos policías, uno federal como autor material y otro bonaerense como partícipe primario, pronunciamiento que al 21 de marzo de 2023 estaba recurrido. En esa última resolución el tribunal mantuvo abierto el control sobre la búsqueda de los autores intelectuales y sobre la capacitación de la Policía Federal y de la Policía Judicial bonaerense.
Por qué importaLa ley penal más benigna debe aplicarse en forma íntegra, con los aspectos que aisladamente perjudican al imputado, porque el juez que combina los tramos favorables de leyes sucesivas se sustituye al legislador, criterio que la Corte reafirmó, con cita de Fallos: 310:267, al descalificar una prescripción declarada con los actos interruptivos de la ley 25.990 que dejó de lado la suspensión prevista en ese mismo texto para los delitos cometidos en ejercicio de la función pública. Sirve de apoyo a la prohibición de la lex tertia y muestra que la suspensión del art. 67, segundo párrafo, acompaña al régimen que se elige como más favorable.
Declara la responsabilidad internacional del Estado
Por qué importaLa Corte declaró inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno que pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, y afirmó que ningún instituto interno, entre ellos la prescripción, puede oponerse al cumplimiento de lo que ella ordene en esa materia, con fundamento en los arts. 1.1, 2 y 25 de la Convención y en el art. 27 de la Convención de Viena, en un caso que no se calificó como de lesa humanidad. Exige además que los jueces dirijan el proceso de modo que las dilaciones y los planteos defensivos reiterados no desemboquen en la impunidad, y sitúa en el Estado, como garante de quien está bajo su custodia, la carga de explicar de manera satisfactoria lo ocurrido a un detenido que ingresó sano. Su cumplimiento dejó un hito interno, porque la Corte Suprema, en Espósito, del 23 de diciembre de 2004, revocó la prescripción que había favorecido al comisario imputado para acatar la sentencia, y el Ministerio de Justicia lo exoneró en 2008; aun así, la resolución de supervisión del 26 de noviembre de 2008, la última dictada, tuvo por cumplidos solo en parte el deber de investigar y la adecuación normativa, tras registrar nuevos planteos de prescripción y la negativa judicial a reponer a los familiares como particulares damnificados.